Grupos discriminados y derechos políticos electorales.

El reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos, en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, es el eje de la democracia. Ante la carencia de igualdad política se desvirtúan los procesos electorales y con ello se vuelve cuestionable la integración de los órganos de representación del Estado y se afecta la gobernabilidad.

Tema: IGUALDAD INE / GRUPOS DISCRIMINADOS
Áreas: UTIGND

Presentación

En el Instituto Nacional Electoral no consideramos que la inclusión resulte simplemente de los buenos deseos; trabajamos para que el respeto al artículo 1º de nuestra Constitución sea efectivo en materia de derechos políticos. La única manera de entender una convivencia social en un sistema democrático es a través del respeto a los derechos humanos.

Por lo anterior, desde el otrora Instituto Federal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral tenemos un enfoque de derechos humanos que hemos implementado para abatir la exclusión, ya sea que se genere por marginación, discapacidad, por la pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad o por cualquier otra circunstancia

Nuestra convicción es hacer accesibles y asequibles los derechos políticos a todas las personas en el país, con las únicas limitaciones que nos impone la Constitución y que están generalmente aceptadas por el derecho convencional.

Personas con discapacidad

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etcétera. En México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y/o conductuales; los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, una doble discriminación pues el género, la condición socioeconómica, la raza y la etnia pueden acentuar esta situación.

La promoción y protección de los derechos humanos de personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad, deberá realizarse mediante una serie de acciones transversales para que se respete su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, así como el garantizar la accesibilidad física, de información y comunicaciones para personas con discapacidades sensoriales, mentales o intelectuales.

Referencias de consulta

Pueblos y comunidades indígenas

México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, al contar con varias decenas de etnias autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se habían desarrollado normativamente. Desde esa misma perspectiva los pueblos y comunidades indígenas han sido marginados del desarrollo económico, político, social y cultural, desconociéndose las manifestaciones propias de sus culturas.

Se define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, siendo la conciencia de la identidad indígena el criterio fundamental para determinarlos como tales, es decir, que se autoadscriben. Sin embargo, el criterio lingüístico utilizado en el Censo de Población y Vivienda ha sido el medio para definir el tamaño de la población indígena y caracterizarla a partir de sus condiciones socioeconómicas.



Personas adultas mayores

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el artículo 3º fracción I, las personas adultas mayores (PAM) son aquellas que tienen 60 años o más y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.


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Niñas, niños y adolescentes

De acuerdo con la Ley para la protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, es decir, antes de los 12 años, pues a partir de esta edad ya se consideran adolescentes.

De acuerdo con la Ley para la protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, es decir, antes de los 12 años, pues a partir de esta edad ya se consideran adolescentes.

Derechos de la niñez y adolescentes Ver más información


¿Y la discriminación?
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010, 27.6% de la población considera que los niños y las niñas sólo deben tener los “derechos que sus padres les quieran dar”, lo que refleja una percepción de que sus derechos están sujetos a la voluntad de las reglas maternas y paternas. Por su edad, niños, niñas carecen de herramientas necesarias para ser autónomos, pues están en proceso de formación, lo que los mantiene en una relación de mayor dependencia para acceder a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos y en general a cualquiera de los derechos reconocidos.

La discriminación hacia la infancia como grupo se genera al considerarlos inferiores, excluidos y vulnerados desde una perspectiva tradicional que considera la minoría de edad con incapacidad e inferioridad.
La discriminación en lo cotidiano.

La violación de los derechos de la infancia es poco visible en relación con otros grupos de la población. La violencia intrafamiliar, la necesidad de que niños y niñas contribuyen al ingreso económico de la familia, así como la falta de conocimiento de sus propios derechos exponen a la niñez a la violación de sus derechos y a la dificultad de denunciarlos, lo que facilita la repetición de las violaciones y aumenta su vulnerabilidad. La situación de niños y niñas se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues los niños y las niñas son obligados a renunciar a medios y recursos imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras, como la educación.

En el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o sociales
La ciudadanía activa de niños y las niñas está negada pues no serán considerados como actores sociales hasta que cumplan la mayoría de edad. Los sistemas democráticos, las estructuras familiares tradicionales y muchas instituciones difícilmente reconocen sus capacidades de protagonismo y participación, lo que lleva a que este grupo cuente con derechos condicionados. . Por ejemplo, tienen capacidad de goce, podrían recibir una herencia, pero no podrían disponer de la herencia hasta que no fuesen mayores de edad, pues legalmente no poseen capacidad de ejercicio.

Por otro lado, los ejercicios de participación infantil son posibles, en tanto niñas y niños cuenten con información suficiente y tengan la iniciativa y el apoyo para formar parte de éstos. En México se han realizado varios ejercicios de participación infantil que buscan familiarizar a esta población con prácticas de la democracia moderna. UNICEF ha apoyado tres iniciativas de alcance nacional: la Consulta Infantil y Juvenil que realiza el Instituto Nacional Electoral desde 1997 de manera paralela a los procesos electorales; el Parlamento infantil, coordinado por el Instituto Nacional Electoral, La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Educación Pública; y el Programa “Derechos de la niños, educación y tecnología”


Afrodescendientes

De acuerdo con la Consulta para la identificación de comunidades afrodescendientes realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se denomina de esa manera a todos los pueblos y personas descendientes de la diáspora africana en el mundo. Para el caso de América Latina y el Caribe, el concepto se refiere a las distintas culturas “negras” o “morenas” descendientes de personas africanas esclavizadas que llegaron al continente, debido al auge del comercio de personas a través del Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX.

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¿Y la discriminación?
La invisibilidad que sufren los afrodescendientes en el país facilita la violación de sus derechos y libertades, de este modo aumenta su vulnerabilidad, se fomenta su exclusión y la discriminación que viven para acceder a sus derechos y oportunidades; por ejemplo, a programas sociales. En la actualidad estas personas son motivo de discriminación y expresiones racistas, donde interactúan de manera directa los estereotipos y los prejuicios adoptados de otras culturas que se enaltecen al compararlas con las propias.

En 2011, el Comité para Eliminar la Discriminación Racial (CERD-ONU) hizo observaciones a México con relación a la exclusión del Censo Nacional de Población que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a la población afrodescendiente, ya que no se ha hecho un reconocimiento étnico que permita la generación de programas para la promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La discriminación en lo cotidiano
La escasez de datos estadísticos sobre su situación económica y social indica el poco avance que hay en términos de inclusión de este grupo; en las pocas mediciones que existen muestran que viven mayores grados de marginación y pobreza que incluso la población indígena. En la actualidad, los ámbitos laborales, escolares y sociales han sido los más afectados en expresiones racistas.

En el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o sociales
En México las poblaciones de origen africano no son reconocidas como pueblo, a pesar de que su presencia histórica se ha documentado ampliamente y hay evidencias de la presencia actual de colectividades que se reconocen como tales. La omisión constitucional hace que la atención a las colectividades y comunidades afrodescendientes sea una tarea pendiente del Estado, sin dejar de reconocer que, como ciudadanos, gozan de todos los derechos y garantías reconocidas por la Constitución mexicana.

Personas en situación de calle

Según el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de derechos de las poblaciones en situación de calle, se trata de un grupo social excluido, donde coexisten niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas mayores, que sobreviven con sus propios recursos en medio de las adversidades de la calle.

¿Y la discriminación?
De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2013, la población en situación de calle sufre de discriminación a causa de su pobreza, que puede verse reflejada en indiferencia, rechazo, maltratos, violencia y otras violaciones. Algunas de estas personas buscan en el consumo de alcohol y substancias tóxicas medios para evadir su realidad, lo que causa un factor de riesgo adicional al hecho de sobrevivir en las calles, y los expone a un riesgo mayor de violencia y perpetua la imagen de criminales que se tiene de ellos.

En lo cotidiano
Algunas personas en situación de calle suelen ser detenidas y violentadas por la policía sólo por su apariencia, son rechazadas en actividades laborales formales ante la falta de documentación o educación, y pueden verse vulnerables ante violencia física, emocional, psicológica y sexual por parte de sus pares, familiares o autoridades, con pocas probabilidades de denuncias ante ello. Asimismo, factores como la carencia de redes sociales positivas, el estigma social que les acompaña, la discriminación que reciben por su apariencia, el consumo de drogas, la falta de documentos oficiales y de una vivienda fija, resultan en la restricción de posibilidades de subsistencia y acceso al empleo de las poblaciones en situación de calle.

En el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o sociales
La sociedad aún no reconoce a las poblaciones en situación de calle como sujetos de derechos en igualdad de condiciones. Las personas en situación de calle son miradas y tratadas como potenciales delincuentes, lo que agudiza los actos de discriminación y violencia tanto del Estado como de la población en general. Las acciones y programas gubernamentales generados para la atención de esta población se han realizado desde una perspectiva de “discriminación titular” o “cero tolerancia”, que los estigmatiza y trata como víctimas o delincuentes.

La falta de documentos oficiales que los identifique como el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, registro de seguridad social, constancia de estudios o credencial de elector les impide acceder a los beneficios de los programas sociales.

No existe una convención o tratado internacional específico para que los Estados se comprometan a respetar y vigilar los derechos de la población en situación de calle, dado su perfil heterogéneo en el que coexisten niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas mayores; su baja visibilización y clandestinidad obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social.

Personas de la diversidad sexual

La diversidad sexual es la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la expresión sexual de la humanidad en diferentes culturas. Las variantes pueden presentarse desde: el aspecto del sexo biológico, el psicobiológico de la personalidad, el género o de la sociología sexual humana. La diversidad sexual incluye a la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, (LGBTTTI).

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¿Y la discriminación?
La discriminación por motivos de preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En nuestra sociedad existe una tendencia que defiende una heterosexualidad dominante y, a partir de ella, se pretende descalificar a otras expresiones, orientaciones y manifestaciones de la sexualidad. Esta descalificación a la diversidad sexual a partir de la norma heterosexual, en el peor y más violento de los casos, se traduce en desprecio, odio y rechazo por la población LGBTTTI

La discriminación en lo cotiniano
La discriminación contra las personas que expresan una sexualidad diferente a la heterosexual puede manifestarse como homofobia que es la aversión contra las orientaciones, preferencias sexuales, identidades o expresiones de género, contrarias al arquetipo de los heterosexuales lo que incluye la lesbofobia y la transfobia e incluso odio a las mujeres.

La discriminación hacia esta población se manifiesta en acciones como burla, difamación, exclusión educativa, rechazo religioso, negación de servicios, despidos, acoso laboral; reproducción de estereotipos y estigmas en los medios de comunicación; en el ámbito personal las personas pueden padecer humillación, rupturas familiares, abandono, invisibilidad, violencia, hostigamientos, violaciones y, en casos extremos acoso, persecución o la muerte.

De acuerdo con la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, en un periodo entre 1995 – 2013 se registraron 887 homicidios por homofobia, lo que refleja el alcance que puede tener el rechazo a esta población.

En el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o sociales
En el ámbito de los derechos políticos de la comunidad LGBTTTI, nos encontramos con que el acceso de una candidatura a través del sistema de partidos políticos es complicado para este grupo, ya que ninguno de los partidos políticos ofrece su inclusión total, dejando marginados de la posibilidad de ser elegidas y elegidos a las personas LGBTTTI que militan en algún partido político.

Asimismo, las personas trans se ven impedidas de ejercer su derecho a votar, ya que en muchas ocasiones la credencial para votar expedida por el INE presenta un nombre distinto a la apariencia de quien se identifica con ella; sin embargo en algunas entidades como en el Distrito Federal es posible que las personas transexuales, transgénero o travestis voten sin que aplique necesariamente lo anterior considerando que existen otros elementos de identificación en la credencial de elector.

Personas migrantes

Es aquella persona que cambia su residencia habitual desde una unidad político – administrativa hacia otra, o que se muda de un país a otro, en un período determinado. La Ley de Migración lo define como el individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

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¿Y la discriminación?
Uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes y su acceso equitativo a los derechos humanos en las sociedades anfitrionas son los sentimientos arraigados que existen contra éstos y las prácticas discriminatorias. Estos sentimientos y prácticas a menudo son reforzados por las leyes, las regulaciones y las políticas orientadas a restringir los flujos migratorios, lo cual queda en evidencia con la creciente tendencia de criminalizar la migración irregular. La crisis económica mundial y el aumento del desempleo han intensificado aún más estas tendencias. Los migrantes irregulares son particularmente vulnerables a la discriminación: primero, porque algunos de los derechos políticos, sociales y económicos que constitucionalmente deben gozar las personas, están restringidos al país donde tienen su nacionalidad y ciudadanía, por lo que los pierden al estar en otro país sin documentos; segundo porque cargan con una serie de estereotipos y estigmas que los relacionan con delincuentes, integrantes de grupos delictivos, alta peligrosidad y violencia. Se trata de un problema mundial que afecta a los países de origen, a los de tránsito y a los de destino.

La discriminación en lo cotidiano
La violencia generada contra los migrantes está motivada por la discriminación, pues aunque sus derechos humanos están reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, el ejercicio real de éstos se encuentra limitado. Los migrantes sin documentos están expuestos a un daño mayor porque, ante la falta de visas o permisos, temen denunciar las violaciones a sus derechos; entonces su situación de vulnerabilidad se potencia, porque saben que cualquier abuso no tendrá consecuencias para quien lo cometió. La discriminación es doblemente padecida por las mujeres, niñas y niños migrantes, quienes sufren de acosos y malos tratos en situaciones de detención, son orillados al trabajo doméstico clandestino, prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas y sexuales en las operaciones de trata.

En el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o sociales
Hace falta replantear la manera en que son aplicados los derechos humanos a este grupo que sigue siendo víctima de abusos y discriminación por el hecho de no vivir en su país natal. Por ello, ahora se ha comenzado a hablar de derechos transnacionales, es decir, derechos que tomen en cuenta a los ciudadanos más allá de los límites de su país.

La doble nacionalidad, la posibilidad de votar desde el extranjero y la posibilidad de tramitar la credencial para votar en las embajadas o en los consulados de México en el extranjero fue la culminación de una añeja demanda de un grupo de ciudadanos que se percibían como excluidos por su propio país, y que mediante estas opciones, lograron avanzar en sus derechos políticos. Los migrantes mexicanos y de origen mexicano han librado, y lo siguen haciendo, intensas luchas para ser reconocidos no sólo como actores económicos, sino como sujetos poseedores de derechos políticos al igual que cualquier otro ciudadano.

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