Crónica del Proceso Electoral 2017-2018 Enero 2018

Escrito por: INE

A favor de la certidumbre

A veces se olvida que uno de los motores centrales de las abundantes reformas electorales que hemos vivido desde los años noventa deriva de la alta desconfianza social en la conducción del proceso electoral. Un punto específico de esta conducción que ya ha causado conflictos políticos e incluso respuestas rupturistas de algunos de los contendientes es el de la comunicación de resultados el mismo día de la jornada electoral. Todavía recordamos que, debido a lo cerrado de las cifras que emergían de la elección presidencial de 2006, , el Consejo General del entonces IFE decidió no divulgar en el horario previsto los resultados de los conteos rápidos.

            El resultado político lo conocemos: desacato, movilización en las calles, bloqueos viales (y también bloqueos políticos), el intento de impedir la investidura del presidente y la generación de una sombra de ilegitimidad sobre la autoridad electoral que todavía envenena la opinión colectiva. Dicho de otro modo, a la autoridad electoral, y al país en su conjunto, le es muy costosa la dilación en la entrega de información de los resultados de la elección presidencial.

            Teniendo en mente este antecedente, y con la intención de responder a las obligaciones informativas que la propia legislación electoral establece, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo para que, a efecto de tener disponibles en el día mismo de la jornada electoral los resultados del conteo rápido que se realiza sobre una muestra significativa de la votación presidencial, se introdujera en la rutina legal del control de votos una modificación. Veamos de que se trata.

“El objetivo general de los conteos rápidos, dice el INE, es contribuir a dar certidumbre, confianza y transparencia en el proceso electoral. Ofreciendo una estimación de las tendencias de la votación de alta calidad estadística, la noche del mismo día de la elección.” Ahora bien, la legislación establece que una vez que se abren las urnas y se cuentan los votos de cada una (en este caso presidencia, senadurías, diputaciones), los votos que han sido mal depositados se remitan a la urna correcta. La dilación aparece debido a que el conteo de la urna de presidencia de una casilla no se puede formalizar hasta que no estén contadas todas las boletas de todas las urnas y puestas todas en su lugar adecuado. Esto no sería grave de no ser porque al no tener el resultado formal de la urna presidencial sino hasta que se cuenten todas las votaciones, la muestra que iría para el Conteo Rápido no se puede constituir a hora temprana.

            Ante ello, el INE ha acordado que se haga una modificación en este procedimiento: se trata de abrir todas las urnas, y sin revisar el contenido de cada voto, con la guía del color de la boleta electoral se proceda a depositar en su lugar correcto las boletas mal depositadas. Así, al terminar el conteo de la urna presidencial, se podría ya tener un resultado formal que alimentaría la muestra del conteo sin tener que esperar a los otros resultados.

            La medida apunta a generar certidumbre y a desincentivar la batalla de autoproclamaciones de victoria que bien conocemos. Como se trata, finalmente, de una alteración del procedimiento de votación, el TEPJF tendrá la palabra final.

Lo que hay en un nombre

Sí, la famosa frase de Shakespeare en Romeo y Julieta, “¿Qué hay en un nombre?” (“¿Lo que llamamos rosa, si tuviera otro nombre, exhalaría el mismo perfume?”, dice el clásico inglés) viene a cuento para abordar un tema que parece centrarse en lo apropiado de los nombres de las coaliciones, pero que encuentra su sentido profundo en el valor electoral de la equidad de la contienda.

             El INE concedió en diciembre el registro a la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México para una candidatura a la Presidencia de la República, 32 fórmulas de candidaturas a senadurías de mayoría relativa y 133 fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa. Lo que no ha hecho es aceptar la denominación propuesta por los partidos coaligados: Con Meade ciudadano por México. Por ello, ha obligado a este grupo de partido a presentar una nueva denominación.

            Lo curioso es que no existe en las normas aplicables al proceso electoral y a lo relativo a las decisiones que legítimamente pueden tomar los partidos prohibición explícita alguna para adjudicar nombrar a los partidos o coaliciones. “La ley hace el delito”, dicen los juristas. Así que se hace obligado preguntar por qué se condiciona a una coalición a cambiar su nombre si no hay norma positiva que prohíba la libre denominación.

             La prohibición de la autoridad electoral de mantener el nombre original se ha justificado por razones de equidad de la contienda electoral. Dice la respuesta oficial: “Aunque en apariencia el nombre de la Coalición Meade ciudadano por México no tendría mayor importancia, en el análisis se encuentra un posible desequilibrio en la competencia política tanto en la difusión del eventual abanderado, como en la dispersión de sus gastos.” El candidato Meade podría disfrutar de una sobreexposición al verse repetido su nombre en la propaganda de cientos de candidaturas coaligadas para los poderes legislativos federal y locales y para otros niveles de gobierno. Además, aparecerían problemas para la fiscalización de los recursos utilizados, pues cualquier gasto de la campaña presidencial podría presentarse como gasto de las demás candidaturas sólo por el hecho de aparecer el nombre de la coalición. Más aun, de mantenerse el nombre, el candidato Meade sería nombrado una y otra vez en todos los mensajes de radio y televisión pautados en el país para las candidaturas aliadas, precisamente cuando estos mensajes deben referirse a esas candidaturas y no a la presidencial.

            Es cierto que no hay prohibición explícita para nombrar partidos y coaliciones, sin embargo, el posible daño a la equidad de la elección, es decir, a las condiciones de simetría competitiva entre quienes contienden, justifica esa prohibición.

            Se olvida a veces que lo que sucede en la realidad es lo que sucede en el lenguaje o, mejor, que el lenguaje hace que las cosas sucedan. Lo que había en ese nombre era una potencial ventaja arbitraria para una de las partes contendientes. La coalición se llamará Todos por México.

¿Para qué sirven las plataformas?

En tiempos de pragmatismo, alianzas electorales utilitarias y cálculos de cortísimo plazo, parece un tanto ingenuo reclamar que las precampañas que corren y las campañas venideras sirvan para contrastar programas políticos, perfiles ideológicos, ofertas de gobierno, propuestas de legislación y otros elementos informativos que puedan alimentar un voto informado. Puede sonar ingenuo, pero es necesario hacerlo porque es la única manera de que el voto individual, libre y secreto, ese logro de los derechos modernos sobre el que se construye la democracia, sirva para mejorar la sociedad en la que se emite y no sólo para convalidar la inercia que crea la propaganda o los sentimientos más espontáneos de las personas.

            Sabemos que sólo existe voto razonado con base en la información. Aunque no es obligatorio que una persona muestre estar genuinamente informada sobre los asuntos públicos para que su sufragio cuente lo mismo que el de cualquiera otra, las sociedades que mejor resuelven sus contiendas democráticas son aquellas en las que quienes votan son capaces de dar razones y explicaciones de sus preferencias.

            Por ello, no obstante la fuerza de la tormenta de mensajes más emocionales que racionales (spotización, se le llama con un espantoso anglicismo) en que empezamos a sumergirnos, la reivindicación del programa y la propuesta electoral sigue siendo un reclamo válido y necesario para nuestra sociedad.

            Los partidos y las coaliciones, entre el 15 de enero y el 15 de febrero, registran por ley sus plataformas electorales. Están al alcance de todos (se pueden encontrar sin dificultad en la página electrónica del INE) y son un valioso recurso tanto para medir desde ahora la coherencia, sensatez y hasta la sensibilidad social de los contendientes como para exigir luego a aquellos que lleguen a los poderes públicos el cumplimiento de esas promesas escritas.

            La lectura de las plataformas debería dejar en la ciudadanía una imagen más o menos coherente de lo que pretenden los contendientes políticos que se disputan nuestro voto. Se trata de la comunicación oficial más asentada y trabajada de sus idearios, diagnósticos y ofertas. Para que las tomemos en serio, esos contendientes deben habérselas tomado también en serio.

            Las plataformas electorales, nos recuerda el INE, son “propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos políticos nacionales en sus declaraciones de principios y descritas en sus programas de acción.” En teoría, los mensajes en medios y otras formas de comunicación y propaganda electoral deben, en general, ser vehículos de esta información.

            El conocimiento de las plataformas son un buen recurso para no ir a oscuras a las urnas.

De los partidos a las coaliciones

Una máxima muy socorrida en la jerga política reza que “la política hace extraños compañeros de cama” (el ilustre comediante Groucho Marx –el único Marx respecto de quien la gente se declararía unánimemente marxista-, la corregía al decir que “el matrimonio hace aun más raros compañeros de cama”). La idea de la máxima (no de la gracejada de Groucho) es que en la competencia por el poder podemos atestiguar alianzas y acuerdos que resultan asombrosos y afinidades electivas que en otros momentos de la vida de los coaligados sonarían absurdas.

             El argumento realista de “así es la política” no debería, sin embargo, limitar nuestra reflexión e interés acerca de la congruencia, viabilidad, sensatez y hasta decencia de estas asociaciones. Decía el filósofo David Hume que de la proposición “así son las cosas” no se justifica derivar la proposición “así deben ser las cosas”.

             Lo bueno de la documentación de los procesos electorales -y uno de los efectos positivos de las exigencias legales a los partidos es la obligación de documentar sus actos y sus dichos- es que podemos consultar lo que por escrito ofrecen a la ciudadanía para poder compararlo después con lo que hacen o con lo que digan de nuevo.

             Desde luego, sería un ejercicio interesante hacer una revisión de las plataformas de los partidos políticos nacionales que contienden en este proceso electoral. El INE ha puesto a nuestra alcance el texto de lo presentado al respecto por cada partido (véase https://ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/plataformas-electorales/ ). Pero tratándose estas elecciones, en lo fundamental, de una competencia entre coaliciones, son las plataformas electorales de las coaliciones las que nos podrían decir más acerca de lo que podemos esperar de quienes lleguen a los cargos de poder. Hoy en día, las plataformas de los partidos están filtradas por las de las coaliciones.

             En enero de 2018, el Consejo general del INE aprobó tanto las plataformas electorales de los partidos como las de las coaliciones que estos han optado por formar. Una breve revisión del contenido de las tres plataformas de coalición que están en liza democrática puede ofrecernos información necesaria para el voto razonado que todos deberíamos ejercer (las plataformas completas se encuentran en https://ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalicion/

             Por ello, en las tres siguientes entregas, les ofrezco un apretadísimo resumen de lo que podemos encontrar en esa documentación. Adelanto que, para mi sorpresa, no las he encontrado aburridas.

La plataforma de Por México al Frente

Empecemos (según nuestro criterio de iniciar estas listas por el partido más antiguo conforme a su denominación actual) por la plataforma electoral de Por México al Frente, coalición formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Lo primero que llama la atención, desde luego, es que un aire de pragmatismo anuda las posiciones compartidas, ya que, para usar el viejo recurso de la geometría política, mientras el PAN se sitúa en un espacio ideológico de centro-derecha, sus dos asociados lo hacen en el centro-izquierda. No obstante, como lo muestran las experiencias de Chile tras la dictadura de Pinochet, donde los gobiernos de la Concertación se formaron a partir de una alianza entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, o bien la actual experiencia alemana, donde los últimos dos gobiernos de Angela Merkel han sido posibles por una coalición entre la Democracia Cristiana y la Socialdemocracia, este tipo de alianza izquierda-derecha no es extraña en las democracias actuales.

                En el caso de Por México al Frente, destaca la identificación de una raíz común que une a los partidos coaligados: “hemos sido parte fundamental de la lucha democrática de este país. A pesar de nuestras distintas visiones ideológicas, compartimos un mismo origen: la sociedad organizada frente al poder omnímodo del Estado autoritario.” Aunque reconocen sus diferencias ideológicas y políticas, los tres partidos destacan como lazo de unión su lucha contra lo que entienden ha sido el régimen autoritario mexicano del siglo XX.

                En cuanto a su ideario político, la coalición destaca 5 puntos: “En este sentido, impulsaremos un nuevo modelo de Estado teniendo como ejes: 1) La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana; 2) El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad; 3) La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas; 4) La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, y 5) El fortalecimiento de la posición de México en el mundo.”

                Es cierto que los partidos coaligados pueden coincidir en esas agendas cruciales para el país, ¿pero qué decir de los temas que los separan como los derechos reproductivos de las mujeres y, en especial, la interrupción voluntaria del embarazo, o bien los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por éstos? Aunque la plataforma contiene un amplio capítulo dedicado a una agenda de no discriminación y a grupos discriminados, tales derechos no son mencionados. Es lógico que así suceda, pero no mencionarlos ahora no significa que no sean agendas abiertas que tendrán que ser enfrentadas en los momentos de acción ejecutiva y legislativa que vendrán después de las elecciones.

La plataforma de Todos por México

La plataforma de la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se presenta como la oferta electoral que trata de revalidar la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión. Puede decirse que es la plataforma del régimen vigente y la que en este proceso electoral se pone a prueba frente a los opositores políticos. No es extraño que la principal línea de argumentación que aquí encontramos sea la de reconocer las instituciones y normas que se han construido en el pasado, el llamado a no perder esos logros y avanzar mediante su desarrollo y mejora.

             Los integrantes de la coalición declaran en la plataforma sus propias raíces: Nueva Alianza se presenta como un partido liberal, integrado fundamentalmente por maestras y maestros y que pone el énfasis en una agenda de educación pública de calidad; el PVEM se define como un partido que, entre otras cosas,  vino a llenar un hueco en la agenda pública con la preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible y el PRI, el partido mayoritario de la colación, recuerda que  es una institución política que “… ha respondido a los desafíos con instituciones que han marcado la historia de nuestro país, y cuando éstas no han estado a la altura de los retos que enfrenta México, también ha sabido impulsar su renovación.” En definitiva, ratifica su vocación de constructor de instituciones.

             Todos por México presenta una plataforma y programa de gobierno articulados por 5 ejes fundamentales y 3 causas transversales. Los ejes son los siguientes: 1) Una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias mexicanas; 2) Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos; 3) Educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento; 4) México incluyente y solidario, y 5) México abierto al mundo. A cada uno de estos ejes corresponde una lista de líneas de acción que tratan de delinear formas concretas de realización de las propuestas expresadas como formulaciones generales.

             Las causas transversales son las siguientes: a) Desarrollo sostenible, b) Igualdad de género sustantiva y c) Apuesta por la juventud. A este respecto, la coalición propone que estos tres enfoques permeen tantos las agendas legislativas como las acciones de gobiernos de sus cargos electos.

             Considerando el contexto de alta inseguridad, corrupción e impunidad en el país, deben destacarse de esta plataforma algunos compromisos en material de legalidad y justicia. Sostiene la coalición que “Un México con seguridad y justicia implica que no haya impunidad. Tenemos que fortalecer una cultura de la legalidad en la cual la ley sea respetada por todos, sin excepción, y quienes cometan un delito sean castigados. (…) Por eso, habrá cero tolerancia a la corrupción. Es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía en un servicio público digno, transparente y honorable, que cumpla con lo que la ley demanda a todos los ciudadanos, sin distinción.” De allí que, entre otras cosas, manifiesten su compromiso con “… dos pilares para consolidar el Estado de Derecho: el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.”

La plataforma de Juntos Haremos Historia

La coalición integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social presenta también, como la ley exige, una plataforma electoral y un programa de gobierno comunes bajo la denominación “Proyecto Alternativo de Nación 2018 – 2024”

            Lo primero que se puede observar es que se trata de un documento continuo, una suerte de ensayo-diagnóstico, que dedica sus conclusiones a la propuesta de gobierno. Es un texto breve que mezcla evaluaciones críticas con propuestas de distintos niveles de generalidad. Acaso por ello, el documento no dice nada de los perfiles particulares de los partidos coaligados ni respecto de la autodefinición que estos pudieran hacer.  En su lugar, ofrece una explicación sobre el origen de la plataforma, fraguada en el trabajo de “un grupo amplio de especialistas de diversos sectores fue convocado en febrero del 2017 por Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).” Este dato de origen puede explicar por qué en la plataforma aparece referencia sólo a Morena y alguna a los otros partidos coaligados, dado que la alianza con estos no estaba definida en la fecha en que se lanza el trabajo de su integración.

            La plataforma se organiza conforme a los siguientes apartados: 1. Presentación; 2. Lineamientos Generales; 3. Legalidad y erradicación de la corrupción; 4. Combate a la pobreza; 5. Recuperación de la paz; 6. Viabilidad financiera y austeridad; 7. Equidad de género; 8. Reconstrucción nacional; 9. ¿Cómo está México hoy?; 10. Corrupción; 11. Crecimiento económico; 12. Pobreza; 13. Autosuficiencia alimentaria; 14. Autosuficiencia energética; 15. Mercado laboral mal remunerado; 16. ¿Inflación bajo control?; 17. Lugar de México en términos de competitividad internacional, y 18. Conclusiones.

            En el documento se intercalan las propuestas electorales con los diagnósticos, pero puede observarse una diferencia argumentativa en el mismo. Entre los incisos 1 y 8, el documento apunta más a las propuestas electorales y a la definición de orientaciones de gobierno, mientras que entre los incisos 9 y 17 lo que se encuentra es una serie de breves diagnósticos de parcelas de la realidad mexicana que son consideradas cruciales para el programa político de la coalición.

            El inciso 18, “Conclusiones” es un resumen bastante apretado de los argumentos que se despliegan en el documento. Se recuerda en éste que en la plataforma “Los proyectos tienen la característica de ser transversales, como ocurre en el caso de Deporte-Salud-Educación, o bien con el eje Educación-Trabajo-Seguridad-Fortalecimiento de Valores…” por lo que deberían ser entendidos como agrupados en una interacción recíproca.

            Como los contenidos de la plataforma parecen previos al acuerdo con el Partido Alianza Social, no puede esperarse encontrar en ésta algún tipo de respuesta a dilemas como los planteados por la defensa y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres o los matrimonios igualitarios. En este caso, el lector tendrá que indagar en otras fuentes si quiere saber algo al respecto.

¿Quién cuenta las noticias electorales?

Quiero ser claro con el título de esta entrega: no se trata de explicar quién o quiénes nos transmiten las noticias electorales a través de los medios de comunicación (aunque algo de ello se toca aquí) sino de algo distinto: quién o quiénes son los encargados de llevar cuenta del número, tiempo y contenidos de la inmensa información electoral que nos llega a través de los medios masivos de comunicación, es decir, radio y televisión. Se trata del tema del monitoreo de los espacios informativos en estos medios que dan noticias y opinan sobre las candidaturas, los partidos y las coaliciones electorales que compiten en este proceso.

            No se trata de una cuestión ociosa. Hoy en día, las elecciones en todo el mundo sólo existen a través de esos medios de comunicación (y de las redes sociales, por cierto, pero eso pertenece a otra historia) y la inequidad informativa en los mismos tiende a traducirse en profundas asimetrías competitivas que influyen en la conducta del grueso del electorado.

            Para este proceso electoral, basándose en la experiencia del proceso 2014-2015 y el Acuerdo INEICG340/2017 del Consejo General, el INE ha publicado una metodología para el Monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias. El propósito de esta estrategia es “Proporcionar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la sociedad mexicana información que permita conocer el tratamiento que se da [por parte de los medios] a las precampañas y campañas electorales de las y los precandidatos y las y los candidatos a la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales…” De manera particular se pretende: 1) “Monitorear y llevar a cabo el análisis de información [de] los programas de radio y televisión que difundan noticias”; 2) “Obtener y analizar la información correspondiente que permita conocer el tiempo destinado y el trato otorgado a cada partido político o coalición, así como en su momento a las y los candidatos independientes…”; 3) “Obtener información desagregada por género con la finalidad de contribuir a la identificación y análisis de las diferencias -en el caso de que existan- sobre el tratamiento otorgado a las y los precandidatos, las y los candidatos así como a las y los candidatos independientes…”; 4) “ Obtener y analizar la información correspondiente que permita conocer el tiempo destinado a cada partido político o coalición, así como en su momento a las y los candidatos independientes; 5) “Otorgar las herramientas para analizar la tendencia de la información difundida en radio y televisión…”; 6) “Realizar la difusión de los resultados del monitoreo cada quince días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del INE, así como en su sitio web y en redes sociales…”, y 7) “Promover la discusión y análisis de los resultados del monitoreo en Instituciones académicas y medios de comunicación…”. Dicho de otro modo, el monitoreo nos informa regularmente del contenido, tiempo, sesgos, enfoque de género y valoración con que los medios ven –y nos hacen ver- las elecciones.

            Creo que el propósito número 7 deja clara la intención y a la vez el límite de esta tarea. No se trata de dictarle a la radio y la televisión la manera en que han de reportar las elecciones, sino de ofrecer información valiosa para que tanto esos medios como la ciudadanía puedan estar informados de las condiciones de equidad o inequidad dispensadas a las partes contendientes en el proceso. Pero, sobre todo, se trata de propiciar el entendimiento ciudadano sobre el papel que los medios juegan en la formación de las opiniones políticas y las intenciones de voto.

            Este monitoreo está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le da garantías de independencia analítica e imparcialidad informativa.

Sanciones a los partidos por ilegalidades pasadas

En este mes de enero de 2018, ya adentrados en el proceso electoral 2017-2018, llama la atención una noticia relativa al año 2012, durante el proceso electoral para la elección presidencial de ese año. El Consejo General del INE decidió “… sancionar a los partidos políticos que contendieron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 con un monto global que asciende a 36.9 millones de pesos.” De esta suma, la mayor parte recae en la multa a los partidos que integraron entonces la Coalición “Compromiso por México”: el Partido Revolucionario Institucional ($29,340,004.00 de multa) y el Partido Verde Ecologista de México ($964,000.00 de multa). El restante monto de multas -6 millones 595 mil, 966 pesos- fue aplicado a los partidos de la Coalición Movimiento Progresista (Partido de la Revolución Democrática con $1,500,000.00, Partido del Trabajo con $1,648,000.00 y Movimiento Ciudadano con $964,000.00) y, por separado, a los partidos Acción Nacional (con $1,484,000) y Nueva Alianza (con $978,000.00).

            El INE sancionó a todos los contendientes de esa elección por introducir, a través del sistema financiero, un financiamiento “paralelo, ilegal y opaco” destinado a otorgar contraprestaciones económicas a representantes de casilla. La ilegalidad más grande sancionada fue, en efecto, la cometida por la coalición PRI-PVEM, por una “aportación de ente prohibido, a través de la dispersión de recursos en tarjetas BBVA Bancomer, cuya contratación fue realizada por la empresa Logística Estratégica Asismex en beneficio a representantes generales y de casilla de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.”

            Con estas multas no sólo se sancionó la introducción de recursos financieros de origen incierto prohibidos en la contienda electoral sino también la falta de declaración de estos gastos. Aumenta la gravedad de los hechos que la legislación no autoriza como gastos electorales los pagos a representantes generales y de casilla de los partidos, salvo los que sean estrictamente de logística y, desde luego, no personalizados. Esos pagos fueron ilegales.

            En mi opinión, a pesar de que estas sanciones deben ser bienvenidas por ser ejemplares, dos cosas dejan un mal sabor de boca: una que las multas hayan sido aplicadas tantos años después de las ilegalidades cometidas por el retraso de la institución bancaria (en este caso BBVA Bancomer) en proporcionar  la lista de beneficiarios de la dispersión ilegal de recursos, lo que habla de la renuencia y lentitud con que suele actuar parte del sistema bancario y financiero cuando se trata de perseguir estas ilegalidades; la otra, que estas multas, de llegar a pagarse, lo serán con recursos públicos que los partidos reciben a través de las prerrogativas económicas de que disfrutan. Sobre esto último abundaré en la siguiente entrega.

Crimen y castigo: una modesta proposición

Decíamos en el anterior comentario que una de las cosas lamentables en el caso de los castigos a los partidos políticos por violaciones a la legalidad electoral no es, desde luego, que se les apliquen multas, sino que éstas, en el caso de mantenerse tras la inconformidad ante la autoridad judicial, vayan a ser pagadas con recursos públicos.

           En efecto, por mucho que sea lo que se logre mediante la fiscalización del uso de los recursos públicos por los partidos, o bien mediante la detección de la infiltración en las elecciones de recursos no públicos de origen opaco y hasta posiblemente ilegal, es desalentador percibir que cuando esos controles se expresan como sanciones económicas, el cobro de éstas se hace contra los recursos de origen público que constituyen las prerrogativas económicas de que por ley disponen los propios infractores.

            No sería absurdo suponer que, precisamente porque el costo de la ilegalidad se paga con recursos de otros (de la sociedad), algunos partidos pudieran planificar, conforme a un ejercicio de racionalidad optimizadora, ilegalidades que, a la larga, les proporcionaran mayores recursos que los que se perdieran con el pago de las multas. Supongamos, sólo como hipótesis, que la compra de votos generará un rendimiento electoral que se reflejará en prerrogativas económicas acrecentadas, y que las previsibles multas por comprar votos que se cubren con recursos públicos quedarán por debajo del ingreso futuro, entonces cometer esa ilegalidad adquiere la forma de una inversión económica racional y eficiente.

            Decía Aristóteles, en La Política, que “nadie cuida no que no le es propio”, “lo que es de todos”. Aunque la crítica del Estagirita se dirigía contra la “propiedad común” defendida por maestro Platón, cabe esta referencia para amparar una “modesta proposición” que pudiera atajar buena parte de las ilegalidades que ahora deploramos.

            Creo que toca al legislador nacional aprender de lo que él mismo ya ha hecho en otros terrenos y mejorar el sistema sancionador del derecho electoral. Mucho se puede aprovechar de lo que se ha hecho en la legislación nacional de transparencia y protección de datos personales. Por ejemplo, en el Título Noveno de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que “Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos” y que “Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.” Esto implica que aunque una persona servidora pública viole la legislación de transparencia mientras desempeña tareas oficiales, las multas a la que pudiera hacerse acreedora se pagarían con sus recursos propios y nunca con los institucionales.

            Si en el caso de ilegalidades cometidas por dirigentes partidistas se puede identificar a los responsables directos de estos actos, que tomaron decisiones y actuaron para cometerlos, ¿por qué el castigo aplicado debe cubrirse con recursos públicos y no con los de los infractores? Aún más: ¿no se convierte en una represalia colectiva –siempre prohibidas en los Estados de derecho- el que se castigue a una entidad completa de interés público, como son los partidos, por lo que han hecho algunos de sus integrantes, limitando por lo demás las tareas legales sustantivas que los propios partidos hacer con los montos recogidos?

            Estoy convencido de que la mayor parte de las ilegalidades electorales desaparecerían si los responsables comprobados tuvieran que afrontar con sus recursos las consecuencias de sus actos. Aun si todas las multas fueran de sólo 100 pesos.

Crimen y castigo una modesta proposición