En México, de acuerdo con datos del 2015, hay alrededor 32.8 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 27.4% de la población (INEGI, 2015).
La situación de discriminación a la que se enfrenta este grupo de población se debe principalmente a aspectos de formación y desarrollo, la violencia intrafamiliar, así como una serie de estereotipos que se han construido alrededor de la niñez, que impiden su participación en la vida social por considerárseles como una propiedad familiar.[1]
De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS), 27.6% de las personas consideran que las niñas y los niños deben tener los derechos que sus padres les quieran dar y 3% opinan que no tienen derechos por ser menores de edad[2].
Las niñas, niños y adolescentes son un sector de la población que ha sido históricamente invisibilizado y excluido del ejercicio de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la participación. De acuerdo con la Convención sobre los derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989, las niñas y los niños tienen derecho a la participación en las siguientes dimensiones:
- Derecho a la información
- Derecho a opinar y expresarse libremente
- Derecho a ser escuchados en asuntos que les afectan o conciernen
- Derecho a ser tomado en cuenta
- Derechos a la libertad de asociarse y reunirse
En México, existen pocos espacios para que los niños puedan ejercer su derecho a la participación. Desde el año 1997 el otrora Instituto Federal Electoral implementa una herramienta a la que en un inicio se denominó “Elecciones Infantiles” y que, a partir del año 2000, se ha conocido como “Consulta Infantil y Juvenil”, cuyo objetivo es involucrar a las niñas, niños y adolescentes en los ejercicios de participación y conocer su opinión sobre los asuntos que les afectan.
El 25 de abril de 2018 el INE aprobó la realización de la Consulta Infantil y Juvenil, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, en seguimiento a una de las prácticas que contribuyen a la consolidación de la democracia.
