Crónica del Proceso Electoral 2017-2018 Marzo 2018

Escrito por: INE

La capacitación en marcha

Este 7 de marzo inicia la capacitación del enorme contingente ciudadano que habrá de actuar como funcionariado de casilla en la jornada electoral del 1º de julio. Aunque ya hemos hablado antes de la importancia de este proceso, no sobra insistir en el papel central que esta participación cumple en el buen éxito del proceso electoral.

           El proceso de capacitación es ahora más complejo y exigente porque aparece por primera vez la figura de la casilla única por concurrencia de elecciones federales y 30 locales, es decir, en prácticamente todo el país. La concurrencia, como ya hemos dicho, significa que en esas 30 entidades federativas, junto con la elección federal de presidencia, senadurías y diputaciones, se elegirán también, según el caso, gubernaturas, diputaciones, alcaldías e incluso cabildos. Ahora mismo, ya circulan por la geografía nacional las y los supervisores y capacitadores electorales que habrán de visitar a 11.5 millones de personas sorteadas en la primera insaculación y capacitar a por lo menos 1.4 millones de ellas.

            Ha de recordarse que la tarea de capacitación es mayúscula y siempre funciona con cierto margen de incertidumbre. Se ha de identificar y convocar en primera instancia a un contingente ciudadano equivalente a poco menos del 10% de la población nacional y a alrededor del 13% de los inscritos en la Lista Nominal de Electorales, que contiene más de 82 millones de registros.

             Esta primera etapa de capacitación durará hasta el 27 de abril; posteriormente, sobre la base de esa población, se llevará a cabo una segunda insaculación y, con ello, la definición de quiénes de esos 11.5 millones de electores acreditan los requisitos legales para continuar y ampliar su capacitación. El número decantado del funcionariado ciudadano de casillas será al final de 1.4 millones.

              El costo de la capacitación es muy alto. El INE prevé un gasto de 2 mil 800 millones de pesos, que en su mayor parte se utilizará para cubrir el salario de 45 mil 44 capacitadores y supervisores electorales. Pero es un gasto justificado porque define el carácter ciudadano de nuestras elecciones, que es una original seña de identidad de la democracia mexicana.

              El proceso de habilitación de ciudadanas y ciudadanos como responsables de la jornada electoral en las casillas conlleva, por su propio naturaleza, un margen de incertidumbre. No hay seguridad total de que las personas sorteadas y capacitadas se presenten al final a cumplir con su encargo democrático. Para ello la ley contempla algunas sustituciones que, de ser necesarias, se realizarían al inicio de la jornada electoral y siempre a partir de personas ciudadanas. Pero junto a este riesgo, contamos siempre con la evidencia histórica de que la ciudadanía que ha sido nombrada y capacitada en elecciones anteriores para regular y vigilar las votaciones, cumple en su abrumadora mayoría con su deber cívico.

El INE, las candidaturas y el sistema bancario

Acaso la primera gran actividad pública de los candidatos a la presidencia de la República, aun en periodo de intercampaña, ha sido su encuentro con la Asociación Mexicana de Bancos. El marco ha sido la 81ª Convención Nacional Bancaria que se celebró los días 8 y 9 de marzo en el Puerto de Acapulco.

En cualquier democracia moderna, las esferas del poder político y del poder financiero deben estar separadas, es decir, no debería existir una influencia de los segmentos más poderosos de la economía en las decisiones y cumplimiento de las obligaciones de las y los políticos y, desde luego, quienes ejercen la autoridad pública no deben transformarse debido a ésta en élites económicas y financieras. El filósofo Michel Walzer ha llamado a esta exigencia “conversión bloqueada” y sostiene que sin ella no se puede construir una sociedad justa.

No obstante, las esferas del poder y el dinero deben a la vez establecer tareas compartidas, agregación en los grandes proyectos nacionales y, desde luego, disposición a construir soluciones para los problemas que afectan a la ciudadanía.

Por ello es sano que, como han reportado los medios de comunicación, los tres candidatos hasta ahora registrados, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, hayan coincidido en la negativa a las expropiaciones y en la necesidad del combate más amplio y profundo a la corrupción.

Cada uno lo hizo, desde luego, con las particularidades que les confieren sus respectivas posiciones políticas. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, también se comprometió a no aumentar impuestos o deuda para el país. Destacó su comentario de que, si no hubiera una jornada electoral libre y limpia, él no detendría “… a la gente luego de un fraude electoral”.

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, además de las coincidencias señaladas, apeló a que debido a “su trayectoria de vida, puede con más facilidad voltear a ver a la ciudadanía y a su familia por su honorabilidad”. En particular se comprometió con la creación de una fiscalía especial anticorrupción y de formar Ministerios Públicos independientes.

El candidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, agregó a las concidencias una fuerte crítica a la Procuraduría General de la República, que según él ha “… funcionado como una casa de campaña del PRI”. Se manifestó también a favor de la creación de fiscalías independientes.

            También participó en ese diálogo con los banqueros el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien enfatizó el tema de la fiscalización sobre los recursos públicos y privados que reciban las candidaturas durante la campaña. Recordó que “El INE no se conforma con los dichos de los actores” y que se cruza “… información con el SAT para validar cada factura”.

            Desde luego, los programas de gobierno de cada coalición tendrán distintos efectos sobre el mundo financiero y bancario, pero es positivo que existan algunas líneas explícitas de coincidencia desde ahora.

Irrumpen las candidaturas independientes

La figura de las candidaturas independientes ya se había estrenado en el proceso electoral 2014-2015 en la elección de diputados federales y locales. Por ejemplo, en 2015, apareció en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el primer diputado federal independiente, Manuel Clouthier, por el distrito 5 de Sinaloa; mientras que en el Congreso de Jalisco, lo hizo Pedro Kumamoto como diputado local por el distrito 10 de ese estado. Pero para el caso de la elección presidencial, el actual proceso electoral será la primera ocasión en que aparezcan candidaturas independientes. En este mes de marzo de 2018 conoceremos candidaturas presidenciales que no serán postuladas por partidos o coaliciones.

            Eso ha sido posible porque en 2012 se reformó el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que ya no es necesaria la postulación de un partido político o una coalición para aspirar a cargos de representación popular de cualquier tipo.

Por ello, desde el 16 de octubre de 2017 atestiguamos un conjunto de precampañas paralelas a las de los partidos y coaliciones. Se trata de la recolección de firmas de apoyo para la Presidencia, senadurías y diputaciones. También se compite, desde luego, por candidaturas locales de este tipo. En la pista federal, quienes aspiren por esta vía a la presidencia deberán haber acreditado este mes al menos 866 mil 593 firmas de apoyo distribuidas en por lo menos 17 entidades federativas; quienes lo hagan a senadurías deberán haber recabado por lo menos el 2% de la lista nominal de la entidad respectiva, con una presencia en al menos la mitad de los distritos electorales, mientras que quienes aspiren a las diputaciones federales deben acreditar el apoyo de al menos el 2% de la lista nominal del distrito electoral federal respectivo al menos en la mitad de las secciones electorales.

            Aunque no puede acreditarse todavía el nombre de quienes ocuparán estas interesantes candidaturas, lo que sí puede adelantarse es una opinión política sobre esta innovación. Salvo casos excepcionales de genuinas propuestas ciudadanas que han participado en este proceso para candidaturas del Congreso de la Unión, parece que las candidaturas independientes para la presidencia sólo podrán ser alcanzadas por políticos profesionales que tienen recursos similares a los de los partidos políticos, lo que hace dudar de que en este caso haya prevalecido el ideal de la ciudadanía independiente por encima de la realidad de la clase política.

            El INE sólo ha de aplicar la legislación, pero los muy gravosos requisitos que estas candidaturas han debido cumplir provienen de una legislación hecha por los propios partidos que serían desafiados por estas nuevas figuras. Acaso ello sea la clave para entender por qué, hoy por hoy en México, es más sencillo acreditar legalmente un nuevo partido político nacional que una candidatura presidencial independiente.

Los debates de intercampaña, según el Tribunal

Una de las prohibiciones establecidas por el INE a las candidaturas en el periodo de intercampaña es la de participar en debates entre ellas. Debe recordarse que esta misma autoridad electoral organizará tres debates entre candidaturas presidenciales, aunque sólo en el periodo de campañas. Como hemos comentado antes, el interés del INE es equilibrar la garantía de equidad de la competencia con la libertad de expresión y comunicación que tienen las personas, las propias candidaturas y los partidos que las sostienen.

            Frente a esta discusión, el Tribunal Electoral, ante el reclamo legal de la CIRT y Televisión Azteca, decidió que las candidaturas presidenciales sí pueden realizar debates y participar en mesas de análisis organizados por los medios de comunicación, por lo que revocó esta prohibición del INE para el periodo de intercampaña. La decisión del tribunal establece directamente que “durante las intercampañas, los medios de comunicación y candidatos electos pueden realizar y participar en mesas redondas o de análisis, entrevistas y debates”.

             Dos argumentos destacan en la sentencia del tribunal. El primero, relativo al peso que debe concederse durante el proceso electoral a la libertad de expresión y al derecho de transmitir información por los medios de comunicación. Apoyándose en la evaluación que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) hace de la libertad de expresión como una “… piedra angular de una sociedad libre y democrática [que] resulta indispensable para que la ciudadanía se forme una opinión y emita un voto libre”, el Tribunal decidió que la restricción agregada por el INE sería riesgosa para el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada. El segundo argumento tiene que ver con la posible extralimitación del INE al agregar esta prohibición a otras que sí están explícitamente establecidas. La sentencia dejó claro que las prohibiciones para las intercampañas deben estar limitadas a la realización de actos anticipados de campaña y a la adquisición de tiempos de radio y televisión para influir en las preferencias electorales. A juicio del Tribunal, agregar más limitaciones implicaría el recorte indebido de libertades fundamentales.

            Podría pensarse que este resultado será banal a menos que los medios de comunicación privados logren atraer a las tres principales candidaturas presidenciales a su convocatoria de debates. Dado que algunos representantes de las candidaturas presidenciales han expresado su compromiso sólo con los debates obligatorios del INE, parecería una resolución legal sin resultados tangibles. Pero no lo es en realidad, porque deja abierta la puerta a que en futuros procesos electorales los medios convoquen tantos encuentros, discusiones y debates entre candidaturas como juzguen conveniente.

El ejemplo de Marichuy

Este 15 de marzo se hizo público por el INE lo que ya sabíamos desde antes: la precandidata ciudadana a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio, más conocida como “Marichuy”, no logró acreditar el número de firmas válidas de apoyo para poder estar en la boleta presidencial del 1º de julio. Se quedó a más de 600 mil firmas para obtener esta acreditación.

            Debe recordarse que esta precandidatura tenía varios rasgos que la singularizaban. Primero, que se trataba de una candidatura femenina, lo que en el contexto de una mayoría de varones para la carrera presidencial tiene un valor positivo especial; en segundo lugar, que se trataba de un aspirante indígena, que había planteado su campaña como un reclamo pacífico pero firme para la atención del Estado y la sociedad a la situación de este segmento de nuestra población; tercero, que era la única precandidata que no provenía de los partidos políticos o de los círculos gobernantes, y cuarto, que a todas luces era una propuesta que no contaba con los resortes económicos y organizativos que se notan en otras precandidaturas.

            En realidad, su precampaña presidencial se había terminado el 13 de febrero de 2018, en una carretera de Baja California Sur, cuando el vehículo en que viajaba volcó con graves daños que lamentar. Se registraron allí 14 heridos y una muerte, la de Eloísa Vega Castro, de la Red de Apoyo a Marichuy en Baja California Sur. El 15 de febrero, avisó formalmente que declinaba de la búsqueda de la postulación.

            Las condiciones en que Marichuy realizó esa precampaña independiente fueron económicamente precarias y políticamente testimoniales. Su argumento era que si bien podría no alcanzar la presidencia, competía para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas y para visibilizar sus luchas.  El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), organizaciones que promovieron su candidatura, declararon en un comunicado lo siguiente: ella “… recopiló rúbricas con métodos legales, legítimos y honestos. Esto es algo que no pueden decir ninguno de los miembros de la clase política institucional”.

            Porque lo más destacado y admirable de la experiencia de Marichuy reside en la lección de ética que nos hereda: aunque sus auxiliares muchas veces no contaban con los teléfonos celulares adecuados requeridos para la captura adecuada de los apoyos ciudadanos, el INE validó 94.5 por ciento de las 281 mil 955 firmas de apoyo ciudadano que obtuvo.

            Algunos hechos, dichos y actores de las candidaturas independientes de este proceso electoral pronto quedarán en el olvido. La memoria democrática, sin embargo, seguramente dará un lugar destacado al papel de Marichuy en nuestra construcción democrática.

Firmas irregulares

Ya sabíamos que era difícil alcanzar, con los recursos disponibles para una precandidatura independiente propiamente ciudadana, el alto número de firmas de apoyo para el registro a la elección presidencial. Lo que no conocíamos era la capacidad de algunos actores políticos para actuar indebidamente para lograr estas candidaturas.

            Este 16 de marzo, el INE ha hecho público que de las precandidaturas presidenciales independientes subsistentes en el proceso, sólo la de la Margarita Zavala podrá obtener esta designación. Los otros dos precandidatos en liza, Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco” y Armando Ríos Piter, habrían fracasado en su intento de reunir el número y dispersión de firmas de apoyo válidas. Antes, ya había renunciado a esta pretensión María de Jesús Patricio, “Marichuy”.

            Una vez llegados a la fecha límite para registrar el apoyo de la ciudadanía a estas candidaturas, el INE ha concluido la revisión de la validez de las firmas recibidas –esta revisión, por cierto, se ha desarrollado conforme se registraban las firmas en la aplicación de teléfono diseñada para este propósito y ahora sólo se ha redondeado ese control. Como resultado de ese análisis de la autoridad, emerge una noticia inquietante: tanto Zavala como Ríos Piter y Rodríguez Calderón registraron cientos de miles de firmas irregulares. El INE nos ha hecho saber que durante la revisión de las firmas solicitadas se identificaron tres tipos de irregularidades: simulación de credenciales para votar, uso de fotocopias de la credencial al capturar las firmas por medio de la aplicación y utilización de documentos inválidos.

            Conforme a las primeras cifras que arrojó la revisión, Rodríguez Calderón recabó dos millones 34 mil 432 firmas, de las cuales, 824 mil 472 fueron invalidadas en la primera revisión ya que no estaban en la lista nominal de electores.  En el caso de Ríos Piter, recabó un millón 765 mil 728 firmas, de las cuales, 606 mil 214 no fueron validadas en la lista nominal. 

             Pero incluso en el caso de Margarita Zavala, quien según el INE sí logró acreditar el mínimo de firmas válidas requeridas, pues logró integrar 870 mil 168 apoyos válidos y una dispersión geográfica en 21 entidades, un 45% de las firmas presentadas fueron dictaminadas como irregulares. El propio INE reportó que 219 mil 344 de sus firmas serían irregulares.

             Un motivo de asombro más: el sentido común nos dice que a quien presentara tal cúmulo de firmas irregulares no se le debería otorgar una posición tan importante como la candidatura presidencial independiente, pero la ley no dice nada al respecto –sólo habla del número de apoyos válidos- y por ello el resultado legal es que ya tenemos esa candidatura en la contienda presidencial.

Margarita Zavala: independiente

Margarita Zavala Martín del Campo logró acreditar 870 mil 168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica de los mismos en 21 entidades federativas. Por ello, el 17 de marzo el INE le otorgó el registro como candidata independiente para la elección presidencial del 1º de julio.

            Más allá de las dudas que pueda suscitar el alto número de firmas irregulares que la autoridad electoral encontró en su integración de apoyos ciudadanos (la ahora candidata ha declarado que hubo, por parte de terceros, introducción ilegal de apoyos para afectarla), lo cierto es que su presencia en las boletas significa un enriquecimiento de la oferta electoral. Como en las dos anteriores elecciones en este siglo, las personas votantes podrán tener la opción de apoyar a una mujer para la primera magistratura del país. Sólo ha habido 5 candidatas presidenciales en México: en 1982, Rosario Ibarra de Piedra; en 1994, Cecilia Soto y Marcela Lombardo; en 2006, Patricia Mercado y en 2012, Josefina Vázquez Mota.

            Si se considera que en México, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal de 2015, somos unos 58 millones de hombres y unos 61 millones de mujeres, el que las candidaturas femeninas para la presidencia hayan sido tan pocas en nuestra historia sólo puede ser entendido como una anomalía que debe subsanarse.

            Desde luego, es difícil defender la idea de que todas las candidaturas debieran reflejar mecánicamente el equilibrio demográfico de la población según el género, porque hay otros factores que influyen en las postulaciones; pero lo cierto es que una sociedad es más democrática cuando las mujeres no sólo tienen derecho al voto (derechos políticos activos) sino también derecho a ser votadas (derechos políticos pasivos).

            En los terrenos legislativos federal y locales se ha avanzado constitucional y legalmente con la paridad de género, que obliga a los partidos y coaliciones a postular candidaturas de ambos sexos hasta que la oferta electoral se parezca a la distribución demográfica. Pero las cosas son más difíciles en la representación unipersonal propia de los poderes ejecutivos. En este caso, no se dispone de alguna regla de género para propiciar más candidaturas de mujeres a los poderes ejecutivos federal y locales.  Por eso es positivo que el proceso de las candidaturas independientes haya arrojado la postulación de una mujer como Margarita Zavala.

            Margarita Zavala, quien hace poco abandonó al Partido Acción Nacional tiene una larga experiencia política y una militancia partidista de décadas. No es en ningún sentido una política improvisada o advenediza. Seguramente lo que diga y haga en su campaña agregará un enfoque novedoso a una contienda que amenazaba con ser sólo de varones.

Opacidad y recursos dudosos en los independientes

El resultado de las precampañas para candidaturas independientes ha dejado resultados dispares. Por una parte, la novedad de estas candidaturas que significa que es posible superar el control virtualmente oligopólico de los partidos respecto de la representación política; pero, por otra, la aparición de acciones irregulares de varias personas que han buscado estas candidaturas y que podrían implicar ilegalidades.

            Ya hemos hablado de la captación de centenas de miles de firmas de apoyo no validadas por el INE que fue realizada tanto por las precandidaturas rechazadas como por la aceptada. En este caso, como puede presumirse la comisión de algún tipo de falsificación de documentos o requisitos electorales, no es mala idea que se revisara si con ello se cometieron delitos en ese proceso.

            Pero existe otro conjunto de prácticas que se ajustan con claridad a tipos delictivos que la autoridad electoral debe identificar y sancionar o trasladar a las autoridades judiciales competentes. Resalta un caso en particular.

             El INE investiga eluso ilegal de recursos públicos del gobierno de Nuevo León para financiar el proceso de acopio de las firmas de apoyo para el precandidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”. Debe recordarse que esta persona funge como gobernador, ahora con licencia, del estado de Nuevo León. El INE investiga el uso de unos 23 millones de pesos que habrían sido desviados de fondos estatales y municipales para su campaña de recolección de firmas.

            Conforme al expediente INE/Q/COF/UTF/16/2018, se presume que, de acuerdo a lo revisado por la Unidad Técnica de Fiscalización, este precandidato habría derivado esos recursos financieros a cuentas personales o de empresas que simulaban servicios para triangularlos hacia los gastos de precampaña.

            Entre otros posibles ilícitos, se revisan transferencias y cuentas bancarias del gobierno estatal y de funcionarios de la administración de Nuevo León, movimientos bancarios de los últimos meses de funcionarios estatales que realizaron a título personal “donaciones voluntarias” en efectivo a la campaña de ‘El Bronco’, actividades de funcionarios que recabaron firmas en horario laboral e incluso el uso indebido del programa social “Aliados contigo”.

               Al serle comunicado que no acreditaba las firmas necesarias para la candidatura presidencial, Rodríguez Calderón acusó al INE de fraude por las firmas rechazadas y de manipular el sistema para afectar su proyecto político. No ha exhibido prueba alguna de sus dichos.

              Por ello, es deseable que las autoridades jurisdiccionales se tomen en serio las acusaciones que se han configurado en una y otra parte en este bochornoso episodio y actúen conforme a la probatoria disponible.

Cómo quedan las candidaturas presidenciales

Finalmente, salvo que el TEPJF corrija el registro del INE, las candidaturas presidenciales han quedado en cuatro. Competirán por el voto ciudadano del 1º de julio cuatro candidatos de coaliciones y una candidata independiente: Ricardo Anaya Cortés por la Coalición “Por México al Frente”, José Antonio Meade por la Coalición “Todos por México” y Andrés Manuel López Obrador por la Coalición “Juntos Haremos Historia”. Como candidata independiente se presenta Margarita Zavala Gómez del Campo.

            Casi sobra recordar que la presidencial es la elección más relevante en México. No sólo porque es una elección que, de manera simbólica, tiende a resumir en la figura de una sola persona la competencia por el poder político en todo el país, sino también por el peso histórico que el modelo político presidencialista tiene en la vida de nuestro país. En cuanto al primer rasgo, aunque en el proceso electoral federal y los procesos locales concurrentes se juegan miles de fórmulas de candidatura, la elección presidencial posee un peso propio que marca con su tonalidad al resto de comicios. Los politólogos y sociólogos han mostrado cómo la decisión a favor de una candidatura presidencial tiende a motivar el voto por las candidaturas afines en los demás poderes y niveles de gobierno; a veces, incluso, sin que las y los votantes consideren las virtudes o defectos de esas otras candidaturas. Pero esta influencia de la elección presidencial no es mera apariencia o ilusión. Responde, en realidad, al segundo rasgo mencionado, es decir, a la definición presidencialista del Estado mexicano y de su sistema democrático.

            En general, las democracias se ordenan en dos grandes campos: el presidencialismo y el parlamentarismo. En el segundo caso, con ejemplos como Inglaterra, España o Alemania, la ciudadanía vota por candidaturas al Congreso o Parlamento y del partido o partidos que alcancen la mayoría en éste se deriva la formación del poder ejecutivo o gobierno. Esto implica que las atribuciones de los titulares del ejecutivo (que son denominados, según sea el caso, primeros ministros, cancilleres o presidentes de gobierno) son un desdoblamiento o proyección del equilibrio de poder parlamentario. En contraste, en el caso del presidencialismo, con ejemplos como Francia, Estados Unidos o México, la ciudadanía vota en dos pistas: una para la representación en el congreso o parlamento y la otra para la elección de la presidencia. Ésta adquiere así un poder propio, con atribuciones específicas, y si bien puede ser equilibrada y contrapesada por los poderes legislativo y judicial, tiene una influencia y capacidad de decisión que supera con mucho a otras formas de gobierno.

            Más allá de la transición democrática, México es una república presidencialista. La presidenta o presidente que surja de las elecciones del 1º de julio dispondrá de una amplia autoridad y de capacidad de promover cambios legales, estrategias de gobierno y diseño de políticas públicas. Su gestión marcará en gran medida el rumbo del país.

Aun sin ayuda de la teoría, la ciudadanía en general sabe de este peso e influencia de las presidencias, y por ello otorga más atención a las elecciones donde se elige a esta figura que a las elecciones intermedias en las que sólo se eligen recambios en los congresos. Ello hace previsible una gran participación ciudadana en todas las elecciones de 2018.

El registro de candidaturas

Del 12 al 18 de marzo corrió el plazo de registro de candidaturas para las elecciones federales de presidencia de la República, senadurías y diputaciones. El 30 de marzo, el Consejo General del INE aprobó el registro de fórmulas de candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional que son postuladas por los nueve partidos políticos nacionales y por las Coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” y “Juntos Haremos Historia”.

            Se trata de una aprobación compleja, porque la autoridad electoral ha debido verificar que esas postulaciones cumplieran con la paridad de género en las candidaturas y con los demás criterios legales. Por ejemplo, en el caso de las senadurías de representación proporcional, las listas deben ser encabezadas por una fórmula de mujeres; o, en el caso de las cinco listas por circunscripción electoral para diputaciones, al menos dos deben quedar encabezadas por fórmulas de un mismo género. También se ha verificado el cumplimiento de las acciones afirmativas en los registros de las senadurías de mayoría relativa, lo que implica que la primera fórmula de la lista para cada entidad federativa sea de género distinto a la segunda, y que de la totalidad de las listas, la mitad esté encabezada por hombres y la otra mitad por mujeres.

            También se revisó que se cumpliera con la acción afirmativa en materia indígena, lo que significa que se postulan a personas indígenas en al menos los 13 distritos federales con 60 por ciento o más de esa población.

            El acuerdo del INE validó que la Coalición “Por México al Frente” postule 58 fórmulas de candidaturas a senadores y 269 a diputados por mayoría relativa; que la Coalición “Juntos Haremos Historia” presente 62 fórmulas de candidaturas a senadores y 292 a diputados por mayoría relativa, y que la Coalición “Todos por México” postule de manera parcial 32 fórmulas para senadurías y en forma flexible a 133 diputaciones de mayoría relativa.

            Un dato muy interesante surge de este complejo procedimiento: debido al

registro diferenciado por coaliciones, partidos y candidaturas independientes, se dispondrá de 19 versiones posibles de la boleta electoral y un total de 866 documentos electorales a diseñar.

            Las candidaturas a la Presidencia, Senadurías y Diputaciones por el principio de representación proporcional se han registrado en el Consejo General del INE; las de senaduría por el principio de mayoría, lo han hecho en los Consejos Locales o, de manera supletoria, en el Consejo General del INE, y las Diputaciones por el principio de mayoría relativa lo han hecho en los Consejos Distritales o, de manera supletoria, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

            Sólo esta fase del registro de candidaturas muestra la complejidad de nuestras elecciones y la cantidad de pistas en que se juega un proceso electoral como el que estamos viviendo. Habrá que tener esto en cuenta a la hora de formar nuestras opiniones sobre las elecciones en México.

Banderazo a las campañas

Finalmente, terminó esa suerte de limbo que se denominó intercampaña en el proceso electoral federal 2018-2019. Aunque muchas personas tienen la sensación de que desde hace mucho tiempo, incluso años, hemos estado en campañas electorales, éstas se han inaugurado formalmente este 30 de marzo, tras la validación del registro de candidaturas de partidos y coaliciones y de candidaturas independientes. Del 30 de marzo al 27 de junio de 2018 se desplegará de manera abierta la competencia electoral por los puestos de elección popular y cada formación política y sus candidaturas harán todo lo posible por allegarse el voto de la ciudadanía.

            Con las campañas se cerrará la última fase de la primera etapa del proceso electoral. Debe recordarse que son 4 las etapas de este proceso que tienen que cumplirse conforme a la más estricta legalidad: preparación de la elección, inicio de la jornada electoral, resultados y declaraciones de validez. Ninguna resulta ser más importante que otra y aunque para la ciudadanía las campañas y la propia jornada contienen la posibilidad de una inmersión más profunda en esta experiencia democrática, las dos restantes etapas son cruciales para garantizar la certidumbre y legalidad del proceso en su conjunto.

            Aunque la totalidad del país entrará desde el 27 de marzo en la lógica de los mensajes, propuestas y confrontaciones de partidos y coaliciones, debe recordarse que esto sucede porque las campañas federales (presidencia, senadurías y diputaciones) se despliegan en todo el territorio nacional, pero las entidades federativas tienen calendarios distintos en sus procesos locales. Por ejemplo, en Aguascalientes el plazo de campañas para diputaciones locales no inicia hasta el 14 de mayo, y en Chihuahua, las campañas para diputaciones y Ayuntamientos no inician hasta el 24 de mayo, mientras que en Baja California Sur, sus campañas para diputaciones locales y alcaldías sí coinciden con las de la competencia federal. Por ello, no estaría mal consultar las fechas de las campañas para tener claros también los tiempos electorales en cada entidad del país.

            Es importante que ciudadanía y candidatas y candidatos tengan claro en qué momento de los procesos electorales se sitúan, para identificar las actividades que se pueden desarrollar conforme a los periodos de campaña. En lo que sí coinciden los procesos federal y locales es en la fecha de cierre de campañas. Todas concluyen el 27 de junio, tras lo cual se abrirá un periodo para la reflexión ciudadana que permitirá llegar el 1º de julio a las urnas con una decisión madurada.

El banderazo a las campañas